INSOLVENCIA COVID19

MALA SITUACION ECONOMICA, INSOLVENCIA Y MEDIDAS LEGALES

 

En el verano del año 2015 se publicó la llamada “Ley de Segunda Oportunidad”. Desde entonces muchas personas se han acogido a ella y han podido rehacer su situación económica. No obstante, es muy frecuente que otras personas, por desconocimiento del mecanismo legal, no lo han hecho y han sufrido, y sufren, un auténtico calvario.

 

A raíz del estado de alarma actual como consecuencia del Covid-19, se ha promulgado el Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales, el cual y entre otras modificaciones importantes, aborda la difícil situación que para muchos pequeños empresarios (autónomos. Micropymes y también particulares) supone la pérdida drástica de ingresos que les aboca a soluciones a veces muy difíciles de asumir, pero que a la larga si se utiliza el mecanismo legal les acaba beneficiando.

 

La modificación abarca básicamente dos situaciones, la del concurso que ya está en marcha y la de aquel que se va a presentar por las especialísimas circunstancias que atravesamos.

 

La ley concursal (que es la aplicable a estos supuestos), es muy estricta en cuanto a los plazos de presentación, en concreto se establece que ésta se hará en el plazo de dos meses desde el día siguiente en el que el deudor hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En la práctica es un plazo excesivamente corto porque los problemas económicos no suelen presentarse de golpe, sino que la mala situación se va poniendo de manifiesto poco a poco no obstante, el plazo hay que cumplirlo.

 

Como vivimos momentos muy especiales, ese estricto plazo se suaviza y se establece que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tiene la obligación de presentar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto supone también que los jueces no admitirán a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 los concursos necesarios (que son aquellos instados por los acreedores), mientras que si el concurso fuere voluntario (que es el solicitado por el propio deudor), el juzgado lo admitirá a trámite con preferencia, pues puede suceder que al deudor le interese que se tramite el concurso cuanto antes.

 

No obstante, el deudor que haya iniciado negociaciones con los acreedores para llegar a un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos y lo comunica al juzgado antes del 30 de septiembre de 2020, se estará al régimen general establecido en la Ley concursal.

 

También hay que tener en cuenta que los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos o créditos concedidos por personas especialmente relacionadas con el deudor tendrán la consideración de créditos ordinarios, pero ojo siempre y cuando el concurso se declare dentro del plazo de dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

 

Quizá alguno se pregunte ¿qué puedo hacer si no tengo activo suficiente para poder satisfacer las deudas por mucha rebaja que me hagan?. Hay una opción muy interesante para estos casos, pues si solicitado el concurso por el juez se observa una insuficiencia del activo para cubrir las deudas contra la masa del procedimiento, podrá acordar la conclusión por insuficiencia de bienes.

 

De cualquier forma la legislación concursal es bastante compleja y antes de tomar una decisión de este tipo se debe consultar con algún experto en la materia, pues el procedimiento suele ser bastante largo aunque siempre hay excepciones.

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